Los estudiantes hispanos y afroamericanos tienen más tendencia a ser suspendidos. (Foto/archivo)
Los estudiantes hispanos y afroamericanos tienen más tendencia a ser suspendidos. (Foto/archivo)


La política de cero tolerancia y fuertes sanciones en el sistema escolar está afectando desproporcionadamente a alumnos de grupos minoritarios. Quienes incumplen gravemente la normativa escolar, son expulsados de las escuelas y confinados en los centros de detención juvenil. Más de un 70 por ciento de los estudiantes arrestados en las escuelas son hispanos o afroamericanos.

Las investigaciones demuestran que esas políticas han fallado cuando se trata de brindar mayor seguridad en los planteles, no son efectivas en cuanto a disciplina y se asocian al pobre desenvolvimiento académico.

Estos datos se desprenden de los resultados de una investigación de la estudiante Jennifer Castillo, durante un programa de estudios bajo el auspicio del Instituto de la bancada hispana del congreso (CHCI, por sus siglas en inglés).

En su análisis afirma que los estudiantes hispanos y afroamericanos tienen más tendencia que los blancos a ser suspendidos, expulsados o arrestados –comparando la misma escuela y las mismas infracciones.

Durante una charla sobre la tolerancia en las escuelas para los estudiantes latinos, en el marco de la cumbre de jóvenes líderes latinos que auspició CHCI, un grupo de expertos examinó el tema esta semana y propuso soluciones para desmantelar el injusto sistema que se aplica.

Buscando soluciones, condados como Clayton, en el estado de Georgia, han diseñado un acuerdo de coooperación entre el sistema de justicia juvenil, las escuelas, la policía y los grupos de servicios sociales. Lo que llaman acuerdo Clayton, busca limitar el número de estudiantes que llegan a las cortes juveniles asegurando que actos delictivos menores no sean razón para llegar al extremo de encarcelar a un menor de edad. Entonces, con tres ofensas menores en el mismo año escolar, el director debe revisar el plan correctivo y aplicar cambios antes de iniciar un proceso criminal.

Castillo propone una reforma al sistema, convocando a legisladores, administradores escolares, líderes comunitarios para que trabajan mancomunadamente para cambiar las prácticas y políticas actuales.

Entre sus sugerencias, incluye que las escuelas establezcan políticas disciplinarias acorden a la severidad del acto, asegurándose de que solamente se suspenda o arreste a los alumnos que representen una seria amenaza a la seguridad.

Otra solución propuesta es que los sistemas escolares incorporen principios de justicia restaurativa para evitar que el conflicto escale a mayores. Por ejemplo: las escuelas de Chicago y Peoria tienen círculos de paz, mediación, conferencias y compañeros de clase como jurado.

También propone que las partes involucradas elaboren acuerdos como en Clayton y Denver.

Tomará tiempo, dice Castillo, pero hay que implementar alternativas a las actuales políticas de cero tolerancia, a fin de que las escuelas dejen de producir presos y gesten estudiantes exitosos.